Un pacto nacional por la educación

Abel Rodríguez Céspedes

La crisis financiera de la educación pública, que abarca y afecta a todos los niveles del sistema (inicial, básica, media y superior), es de tal magnitud e incidencia que para encontrarle una solución de fondo y duradera, se requiere de un gran acuerdo nacional, que involucre y comprometa a todos los actores sociales y políticos con capacidad de intervenir en la construcción de la nación, incluyendo obviamente y en primera línea a los diferentes estamentos de la comunidad escolar. La falta de recursos suficientes para el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas estatales, impacta tanto la calidad, eficacia, cobertura, eficiencia y funcionamiento de la educación en general, como la situación social, cultural, política y económica del país. Dicho en términos perentorios, la resolución de los problemas de la educación pública, indispensable para el progreso y avance de la sociedad, exige el concurso y compromiso de todos los protagonistas que tienen responsabilidades en la construcción nacional.

La manera como se ha venido enfrentando el problema, tanto por el gobierno como por algunos estamentos del sector, no es la más adecuada, ni conveniente, ni eficaz. Las conversaciones y acuerdos que excluyen actores fundamentales, hechos por separado, con la intencionalidad de ganar tiempo y terreno, resultan en ultimas paliativos, engañosos y frustrantes. Tampoco son acertadas las posiciones maximalistas y retadoras que impiden la acción unitaria de todos los sectores que están del lado de la defensa de la educación pública y del derecho a la educación.

Como los problemas financieros afectan todos los componentes del derecho a la educación (disponibilidad, acceso, permanencia y calidad), que en el fondo es el asunto en cuestión, el pacto debe ir más allá de los límites estrictamente económicos y abarcar también otros aspectos cruciales, como los académicos, curriculares, administrativos y laborales. Por esta razón es imprescindible la presencia en el proceso de concertación de voceros de los educadores y el profesorado, el estudiantado y los cuerpos directivos. En el fondo, de lo que se trata es de acordar una completa y profunda reforma de la estructura y funcionamiento del sistema educativo, incluyendo por supuesto los temas académicos y curriculares.

Un acuerdo nacional de esta dimensión debe contener entonces todos los elementos necesarios para brindarle a la educación pública una nueva posibilidad histórica, lo que significa asegurarle al sector unas fuentes de financiación definidas, estables y seguras y trazarle unas prioridades y metas, realizables y posibles.

Abel Rodríguez Céspedes